Imputa al gobierno norteamericano el faltar a su obligación “de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado”
victoria de los fondos buitre no es aceptada por el gobierno de Cristina Fernández y ha decidido buscar nuevos escenarios. Este jueves presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Un comunicado de la presidencia argentina argumenta que EE.UU. ha cometido una violación de sus inmunidades soberanas. También imputa al gobierno norteamericano el faltar a su obligación “de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado”.
Según el comunicado del Tribunal de La Haya, Argentina argumenta que los EE.UU. han violado la soberanía e inmunidad diplomática como resultado de decisiones judiciales adoptadas por tribunales estadounidenses, que tienen que ver con la reestructuración de la deuda pública del país”.
Argentina argumenta que los EE.UU. han violado la soberanía e inmunidad diplomática como resultado de decisiones judiciales adoptadas por tribunales estadounidenses
Luis Moreno Ocampo, que fuera fiscal adjunto en el juicio contra las Juntas Militares y que después se desempeñó durante nueve años como fiscal jefe en el Tribunal de La Haya, considera que no hay ninguna posibilidad de que dicho tribunal acepte el caso argentino, ya que se necesitaría el acuerdo del gobierno de EEUU, aceptando su jurisdicción.
La demanda argentina contra EE.UU. vuelve a poner de relieve las tensas relaciones bilaterales. Cristina Fernández es la única mandataria del continente que no ha recibido una invitación para visitar la Casa Blanca. Prácticamente no hay cooperación en el tema del narcotráfico, uno de los asuntos que más interesan a Washington. Y las relaciones con Irán y el nuevo romance de Argentina con Rusia, tampoco ayudan.
Al mismo tiempo que se anunciaba oficialmente esta presentación judicial, la presidente argentina, Cristina Fernández, sugería que el presidente norteamericano, Barak Obama, debería actuar, como hizo en su momento el ex presidente Bush en una demanda contra el Congo-Brazzaville. La demanda llevaba la firma de Paul Singer, el mismo que es el titular del fondo de inversiones que ahora le ganó el juicio a Argentina. La mandataria encontró en un artículo del diario británico The Guardian este antecedente, según el cual Bush argumentó que dicha demanda violaba la autoridad presidencial para dirigir la política exterior.
Según la mandataria argentina –en realidad el artículo de The Guardian-, Obama solo necesitaría informar al juez Griesa que la demanda de Singer interfiere con la autoridad presidencial de manejar la política exterior. El diario británico recuerda que Singer es uno de los principales financistas del Partido Republicano, razón por la cual será difícil que Obama actúe si no quiere que la oposición reaccione y le haga más difícil su gestión.
Al mismo tiempo que Argentina presenta la demanda en La Haya, el gobierno insiste en acusar al juez Griesa, al que pretenden desvirtuar colgándole el cartel de juez municipal. El ministro de Economía, Axel Kicillof, recriminó al magistrado que frenase la entrega de los 539 millones de dólares que Argentina había depositado para pagar intereses a los tenedores de deuda que aceptaron el canje.
También puso en duda que en EE.UU. haya seguridad jurídica: “no hay reglas, no hay esa famosa seguridad jurídica, no la hay en EE.UU.”, señaló, al tiempo que dijo que Argentina está inmersa en “la gran estafa del siglo”. Declaraciones poco oportunas si quiere conseguir la buena voluntad del gobierno norteamericano.
Las polémicas declaraciones de Kicillof -“esto es una joda” (broma)- incluyeron una queja al gobierno de Obama, previa a que descubrieran el artículo de The Guardian : “por qué el gobierno norteamericano no interviene y le pone límites a este juez”, dijo en una entrevista, ignorando una de las reglas básicas de la democracia, como es la separación de poderes. Desde algunos sectores se recordó que el ministro desconoce que hay países donde no se puede presionar a la Justicia. Y que la Corte Suprema de EEUU avaló lo decidido por el juez Griesa, al no aceptar tratar la demanda argentina.
Entretanto, el gobierno anunció una serie de medidas para estimular la economía y tratar de evitar los efectos de la suspensión de pagos. Entre ellas, varias disposiciones para alentar el empleo formal –en Argentina hay un 34 % de trabajadores en negro-, nuevos subsidios a empresas en crisis, más apoyo a los jóvenes ni-ni, y relanzamiento del llamado CEDIN, Certificados de Depósito de Inversión, en realidad una especie de bonos para blanquear dólares, sin pagar impuestos ni revelar su origen, para revitalizar el mercado inmobiliario.
Al presentar estas medidas, Cristina Fernández hizo una enfática defensa del consumo interno, una de las patas del modelo kirchnerista. Al analizar la situación económica y financiera internacional, apuntó contra quienes creen que se van a salvar comprando dólares o guardando el dinero para no consumir. En este caso, “lo más probable es que en el mediano plazo” termine perdiendo su empleo.
Para muchos argentinos de cierta edad la frase les recordó lo que dijo en 1981 el ministro de Economía de entonces, todavía gobierno militar, Lorenzo Sigaut: “el que apueste al dólar, pierde”. Se pretendía cortar maniobras especulativas, pero la advertencia resultó por completo equivocada, ya que poco después se produciría una devaluación del 30%, la primera de una seguidilla en los diez meses escasos que duró en el cargo.
