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jueves. 12.06.2025
UNA NUEVA NORMA RESTRINGIRƁ DERECHOS

La OCU acusa al Gobierno de querer censurar su labor en defensa de los consumidores

Según denuncia OCU, "el Gobierno ha cedido a las presiones de la poderosa industria alimentaria, molesta con los escÔndalos alimentarios destapados (leche, aceite de oliva, carne de caballo)".

OCU

La organización denuncia que el gobierno limitarÔ los estudios "independientes y objetivos" sobre la calidad de los alimentos

OCU denuncia que el Gobierno quiere privar a los consumidores del a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado. El Ejecutivo planea aprobar de forma inminente un Real Decreto por el que se regula la realización de estudios y anÔlisis comparativos en productos alimenticios. Esto significarÔ, en la prÔctica, dificultar al mÔximo la realización de test comparativos independientes sobre la calidad de los alimentos en España.

"Finalmente parece que el Gobierno ha cedido a las presiones de la poderosa industria alimentaria, verdadera impulsora de esta iniciativa que, molesta con los escĆ”ndalos alimentarios destapados por OCU (leche, aceite de oliva, carne de caballo), ha presionado hasta conseguir un decreto que busca limitar la realización de estudios independientes y objetivos sobre la calidad de los alimentos en EspaƱa. Y ello, a pesar de la reiterada oposición, tanto de OCU como del Consejo de Consumidores y s que se han manifestado en repetidas ocasiones en contra de una norma que perjudica a los consumidores", seƱala la organización en un comunicado.

La norma que el Gobierno pretende aprobar, vulnera, a juicio de OCU, el derecho a comunicar o recibir información veraz. Es una norma que establece un claro desequilibrio entre las obligaciones de la industria y las de las asociaciones de consumidores que quieren informar sobre productos alimenticios, pues obliga a estas Ćŗltimas a cumplir una serie de requisitos sobre los laboratorios usados y la verificación de sus resultados que no se exigen a la industria para poner un producto en el mercado. OCU cree que "para el Gobierno tiene mĆ”s importancia, la supuesta defensa de la reputación de las empresas, que la información a los consumidores sobre la calidad y seguridad de los productos alimenticios".

Entre los aspectos mÔs críticos de esta norma OCU señala que pone en peligro la confidencialidad de los laboratorios que realizan los anÔlisis, lo que deja a estos indefensos frente a las presiones del lobby de la industria alimentaria. Otro punto clave es el plazo mínimo de 20 días para publicar una información veraz sustentada por un anÔlisis de laboratorio.

"Lo mÔs sangrante", a juicio de OCU, es que no existe ninguna norma similar en Europa. "España, con esta disposición se sitúa a la vanguardia de países que cercenan la libertad de expresión. Los consumidores europeos reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas". En este sentido las principales organizaciones Europeas, representadas a través del BEUC, así como a nivel mundial por Consumers International, se han dirigido a la Ministra de Agricultura para mostrar su frontal rechazo por la posible vulneración tanto de los tratados de la Unión Europea como los principios de Naciones Unidas, y para pedir, por tanto, que el Gobierno reconsidere la adopción del Real Decreto.

MetodologĆ­a utilizada en OCU

La metodologĆ­a utilizada en OCU para la realización de anĆ”lisis comparativos estĆ” avalada por su uso  en otros paĆ­ses de nuestro entorno y tambiĆ©n por todas las sentencias dictadas en nuestro paĆ­s que han sido siempre favorables a OCU en los casos en los que ha tenido que defender la veracidad de sus informaciones ante un juez.

Ante esta grave vulneración de un derecho tan fundamental como la libertad de información, OCU va a llevar a cabo todas las iniciativas a su alcance para modificar una normativa que, a su juicio, vulnera el marco constitucional. OCU va a ponerse en o con diferentes colectivos (organizaciones sociales, sindicatos y partidos polĆ­ticos) para concienciar de los graves efectos que la normativa que el Gobierno pretende aprobar. En este sentido a travĆ©s de la plataformachange.org se ha promovido una petición que insta al Ministerio a retirar el proyecto de Real Decreto. TambiĆ©n la plataforma en defensa de la libertad de información (PDLI), a la que OCU pertenece junto a otras organizaciones sociales y profesionales ha mostrado su oposición al texto que el Gobierno pretende aprobar.

Por Ćŗltimo OCU a travĆ©s de las redes sociales va a promover la campaƱa #secomentulibertad contra el Real Decreto para que los ciudadanos expresen su rechazo a esta normativa sobre anĆ”lisis comparativos que limita y coarta sus derechos como consumidores y ciudadanos.

La OCU acusa al Gobierno de querer censurar su labor en defensa de los consumidores