En una semana con el foco puesto en la ley de seguridad ciudadana que este viernes aprobarĆ” el Consejo de Ministros y que penalizarĆ” los escraches, el presidente del Gobierno se descolgĆ³ este jueves con un nuevo recorte de derechos al anunciar una ley de servicios mĆnimos para, segĆŗn dijo, conciliar el derecho a la huelga y el derecho a la libertad de los ciudadanos.
El debate ha surgido tras la huelga de limpieza en Madrid, en donde, segĆŗn el ayuntamiento, no se cumplieron los citados servicios mĆnimos. Mariano Rajoy responde asĆ a las peticiones de algunos dirigentes de su partido, principalmente del PP de Madrid, que vienen meses pidiendo a la claras que se reforma la Ley de Huelga, vigente desde 1977. Entre ellos, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio GonzĆ”lez (antes los hizo Esperanza Aguirre); la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes; o la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ha salido muy tocada por la huelga de basuras en la capital.
Sin embargo la Ley de Huelga ya regula el procedimiento a seguir para fijar los servicios mĆnimos obligando a que haya un acuerdo, una negociaciĆ³n entre los poderes pĆŗblicos y los agentes sociales. Si el acuerdo no es posible, es la istraciĆ³n la encargada de dictar un decreto de servicios mĆnimos que en la mayorĆa de las ocasiones son abusivos en opiniĆ³n de los sindicatos.
En la huelga general del 14 de diciembre de 2012 lograron pactarse los servicios mĆnimos del transporte (Iberia, Renfe) vĆa negociaciĆ³n con el Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor. Pero no siempre se llega a un acuerdo. En la Comunidad de Madrid, el conflicto y descontento social creciente por los recortes han imposibilitado en varias ocasiones pactar dichos servicios que, incluso en algunos casos, han sido a posteriori declarados ilegales por los tribunales.
Las reacciones no se han hecho esperar tras el anuncio de Rajoy. Desde el PSOE, la portavoz parlamentaria, Soraya RodrĆguez, acusĆ³ al presidente de querer hacer una "nueva ley de huelga encubierta", pero "no tiene valentĆa para decirlo" y por eso ha anunciado una ley de servicios mĆnimos.
La dirigente socialista ha recalcado que los servicios mĆnimos "vienen regulados en la ley de huelga" y ha subrayado que "no es el momento" para abordar cambios en esta regulaciĆ³n. En su opiniĆ³n, el anuncio de Rajoy tiene que ver con las declaraciones de "su alcaldesa" en Madrid, Ana Botella
Desde la Izquierda Plural tambiĆ©n se han mostrado muy crĆticos. El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados, JosĆ© Luis Centella, ha reclamado al Gobierno que "si quiere acabar con la Ley de Huelga, lo diga claramente". En opiniĆ³n de Centella, el Ejecutivo "estĆ” intentando acabar con las huelgas y criminalizar la protesta" y se estĆ” "saliendo claramente del derecho constitucional a la huelga".
LOS SINDICATOS TAMPOCO LA VEN NECESARIA
Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores mƔs ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo
Por su parte, los sindicatos tampoco ven oportuno el anuncio de Rajoy. El secretario general de CCOO, Ignacio FernĆ”ndez Toxo, lo ha calificado de "un claro ejercicio antidemocrĆ”tico" y ha recalcado que no es partidario de tal regulaciĆ³n ya que se trata de un "calentĆ³n" tras la huelga protagonizada por los trabajadores de la limpieza y jardinerĆa de Madrid.
"Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores mĆ”s ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo sobre la regulaciĆ³n de los servicios mĆnimos", ha advertido Toxo al presidente del Gobierno. AsĆ pues, CCOO cree "muy inoportuna" la iniciativa del presidente del Gobierno y no parece que obedezca a la voluntad del Ejecutivo de encontrar bases de acuerdo con los sindicatos. "MĆ”s bien, hay que inscribir la iniciativa de Rajoy en su obsesiĆ³n por controlar y limitar derechos fundamentales recogidos en nuestra ConstituciĆ³n, en un claro ejercicio antidemocrĆ”tico de la acciĆ³n de Gobierno", recalcan.
El secretario general de CCOO, recuerda que el movimiento sindical se ha mostrado dispuesto en numerosas ocasiones a discutir "en frĆo" todo lo relacionado con los servicios mĆnimos, o lo que es lo mismo, la necesidad de atender los servicios bĆ”sicos de la ciudadanĆa ante la convocatoria de una huelga general. "Lo que no vamos a aceptar son golpes de pecho y proyectos autoritarios mĆ”s preocupados por eliminar o entorpecer un derecho constitucional como el derecho de huelga, que por pactar la conciliaciĆ³n de intereses ante un conflicto laboral", concluye Toxo.
La UniĆ³n General de Trabajadores (UGT) ha calificado de "sorprendentes" las declaraciones del presidente del Gobierno y afirma que no es "prioritaria". Asimismo, UGT ha advertido de que cualquier regulaciĆ³n de un derecho fundamental exigirĆa la participaciĆ³n de los interesados, en este caso de los sindicatos, pues imponer este tipo de normas serĆa "claramente antidemocrĆ”tico e ineficaz socialmente".
El sindicato confĆa en que no se reproduzca el comportamiento del Gobierno con la reforma laboral y ha tildado de "desacierto" plantear reformas legislativas "en caliente", en respuesta a sucesos recientes, tratando de que una nueva ley solucione los problemas sociales provocados por "la mala gestiĆ³n de los poderes pĆŗblicos". Por Ćŗltimo, ha remarcado que para conciliar los distintos intereses entre los diferentes afectados, en caso de huelga que afecte a los servicios pĆŗblicos esenciales, lo mejor es la autorregulaciĆ³n, para lo que ha puesto como ejemplo la experiencia con el sector "tan importante" como el de los transportes.
