En una semana con el foco puesto en la ley de seguridad ciudadana que este viernes aprobará el Consejo de Ministros y que penalizará los escraches, el presidente del Gobierno se descolgó este jueves con un nuevo recorte de derechos al anunciar una ley de servicios mínimos para, según dijo, conciliar el derecho a la huelga y el derecho a la libertad de los ciudadanos.
El debate ha surgido tras la huelga de limpieza en Madrid, en donde, según el ayuntamiento, no se cumplieron los citados servicios mínimos. Mariano Rajoy responde así a las peticiones de algunos dirigentes de su partido, principalmente del PP de Madrid, que vienen meses pidiendo a la claras que se reforma la Ley de Huelga, vigente desde 1977. Entre ellos, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (antes los hizo Esperanza Aguirre); la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes; o la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que ha salido muy tocada por la huelga de basuras en la capital.
Sin embargo la Ley de Huelga ya regula el procedimiento a seguir para fijar los servicios mínimos obligando a que haya un acuerdo, una negociación entre los poderes públicos y los agentes sociales. Si el acuerdo no es posible, es la istración la encargada de dictar un decreto de servicios mínimos que en la mayoría de las ocasiones son abusivos en opinión de los sindicatos.
En la huelga general del 14 de diciembre de 2012 lograron pactarse los servicios mínimos del transporte (Iberia, Renfe) vía negociación con el Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor. Pero no siempre se llega a un acuerdo. En la Comunidad de Madrid, el conflicto y descontento social creciente por los recortes han imposibilitado en varias ocasiones pactar dichos servicios que, incluso en algunos casos, han sido a posteriori declarados ilegales por los tribunales.
Las reacciones no se han hecho esperar tras el anuncio de Rajoy. Desde el PSOE, la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, acusó al presidente de querer hacer una "nueva ley de huelga encubierta", pero "no tiene valentía para decirlo" y por eso ha anunciado una ley de servicios mínimos.
La dirigente socialista ha recalcado que los servicios mínimos "vienen regulados en la ley de huelga" y ha subrayado que "no es el momento" para abordar cambios en esta regulación. En su opinión, el anuncio de Rajoy tiene que ver con las declaraciones de "su alcaldesa" en Madrid, Ana Botella
Desde la Izquierda Plural también se han mostrado muy críticos. El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, ha reclamado al Gobierno que "si quiere acabar con la Ley de Huelga, lo diga claramente". En opinión de Centella, el Ejecutivo "está intentando acabar con las huelgas y criminalizar la protesta" y se está "saliendo claramente del derecho constitucional a la huelga".
LOS SINDICATOS TAMPOCO LA VEN NECESARIA
Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores más ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo
Por su parte, los sindicatos tampoco ven oportuno el anuncio de Rajoy. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, lo ha calificado de "un claro ejercicio antidemocrático" y ha recalcado que no es partidario de tal regulación ya que se trata de un "calentón" tras la huelga protagonizada por los trabajadores de la limpieza y jardinería de Madrid.
"Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores más ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo sobre la regulación de los servicios mínimos", ha advertido Toxo al presidente del Gobierno. Así pues, CCOO cree "muy inoportuna" la iniciativa del presidente del Gobierno y no parece que obedezca a la voluntad del Ejecutivo de encontrar bases de acuerdo con los sindicatos. "Más bien, hay que inscribir la iniciativa de Rajoy en su obsesión por controlar y limitar derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en un claro ejercicio antidemocrático de la acción de Gobierno", recalcan.
El secretario general de CCOO, recuerda que el movimiento sindical se ha mostrado dispuesto en numerosas ocasiones a discutir "en frío" todo lo relacionado con los servicios mínimos, o lo que es lo mismo, la necesidad de atender los servicios básicos de la ciudadanía ante la convocatoria de una huelga general. "Lo que no vamos a aceptar son golpes de pecho y proyectos autoritarios más preocupados por eliminar o entorpecer un derecho constitucional como el derecho de huelga, que por pactar la conciliación de intereses ante un conflicto laboral", concluye Toxo.
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha calificado de "sorprendentes" las declaraciones del presidente del Gobierno y afirma que no es "prioritaria". Asimismo, UGT ha advertido de que cualquier regulación de un derecho fundamental exigiría la participación de los interesados, en este caso de los sindicatos, pues imponer este tipo de normas sería "claramente antidemocrático e ineficaz socialmente".
El sindicato confía en que no se reproduzca el comportamiento del Gobierno con la reforma laboral y ha tildado de "desacierto" plantear reformas legislativas "en caliente", en respuesta a sucesos recientes, tratando de que una nueva ley solucione los problemas sociales provocados por "la mala gestión de los poderes públicos". Por último, ha remarcado que para conciliar los distintos intereses entre los diferentes afectados, en caso de huelga que afecte a los servicios públicos esenciales, lo mejor es la autorregulación, para lo que ha puesto como ejemplo la experiencia con el sector "tan importante" como el de los transportes.
