
Desde el 1 de septiembre de 2012, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), 873.000 personas migrantes en situación irregular se han quedado sin tarjeta sanitaria. Cerca de 20.000 sólo en Baleares, comunidad autónoma en la que se estÔ vulnerando el derecho a la salud de personas migrantes en situación irregular. Según la normativa vigente, personas con enfermedades crónicas, como el cÔncer o diabetes, no tienen a asistencia sanitaria gratuita.
Cerca de 20.000 sólo en Baleares, comunidad autónoma en la que se estÔ vulnerando el derecho a la salud de personas migrantes en situación irregular
AsĆ lo ha denunciado AmnistĆa Internacional que asegura que la recepción del RDL por parte de las Comunidades Autónomas ha sido enormemente dispar. Hay comunidades que se han negado pĆŗblicamente a dejar sin asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, otras por el contrario han empezado a aplicar la nueva normativa, pero AmnistĆa Internacional muestra su preocupación porque la confusión es tal que podrĆa estar dificultĆ”ndose el a la atención sanitaria, incluso en las comunidades que han establecido vĆas para garantizar la asistencia de personas migrantes en situación istrativa irregular.
AmnistĆa Internacional (AI) ha llevado a cabo una investigación en Baleares, por tratarse de una de las primeras comunidades autónomas que aplicó el Real Decreto Ley, (cinco meses antes de su entrada en vigor), por lo que los efectos de su aplicación son mĆ”s evidentes que en otras Comunidades Autónomas, y por haber recibido numerosas denuncias por parte de inmigrantes en situación irregular que estaban teniendo dificultades para acceder a la asistencia sanitaria. Las conclusiones de esta investigación estĆ”n recogidas en el informe presentado, El laberinto de la exclusión sanitaria: Vulneraciones del derecho a la salud en Islas Baleares.
Baleares como ejemplo de los efectos de la reforma sanitaria
La puesta en marcha del RDL es ya en sĆ misma una medida regresiva, discriminatoria y contraria a los estĆ”ndares internacionales. AmnistĆa Internacional ha podido comprobar cómo su aplicación en Baleares dificulta enormemente el a la salud y puede poner incluso en riesgo la vida de personas inmigrantes en situación irregular.
En sólo un aƱo, en esta comunidad, se han retirado cerca de 20.000 tarjetas sanitarias, algo contrario a las obligaciones internacionales del Estado, que implican respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la salud, sin regresividad y sin discriminación. Una medida contraria tambiĆ©n a su propio Estatuto de AutonomĆa que garantiza la protección de la salud mediante un sistema sanitario pĆŗblico de carĆ”cter universal.
En agosto de 2012, Baleares emitĆa unos āCriterios Generalesā de aplicación del Real Decreto Ley, en los que se recogĆan cómo se deberĆan tratar entre otras, enfermedades de declaración obligatoria, incluidas las enfermedades infecto-contagiosas y ciertas enfermedades mentales. Unos criterios que ni siquiera se han cumplido en todos los casos.
El escenario de confusión y desinformación con el que se ha encontrado AmnistĆa Internacional, provocado en parte por la falta de desarrollo normativo de la legislación estatal, estĆ” generando que diversos centros sanitarios apliquen distintos protocolos de actuación. Lo que podrĆa estar impidiendo la atención sanitaria de personas cuyas situaciones sĆ estĆ”n contempladas en el RDL, como ocurrió con el caso de Alpha Pam, senegalĆ©s que falleció de tuberculosis, y al que segĆŗn la información con la que cuenta AmnistĆa Internacional, se le negó hasta en tres ocasiones la realización de pruebas diagnósticas.
AmnistĆa Internacional ha podido documentar y constatar que en varios centros de salud y hospitales de las Islas Baleares se estĆ”n produciendo una serie de irregularidades istrativas que no se ajustan ni al Real Decreto Ley ni a los Criterios Generales. Por ejemplo, la organización ha tenido a ācompromisos de pagoā emitidos en urgencias, incumpliendo lo que establece el RDL que contempla la gratuidad de estos servicios.
āAmnistĆa Internacional no cree que esta situación pueda calificarse como āsistemĆ”ticaā, pero tampoco se trata de casos aislados. Hemos tenido a varios de estos 'compromisos de pago' emitidos en urgencias, e incluso de una facturación de casi 19.000 euros efectuada antes del 1 de septiembre, fecha en la que entró en vigor el Real Decretoā, seƱaló Esteban BeltrĆ”n, director de AmnistĆa Internacional EspaƱa.
AmnistĆa Internacional ve con mucha preocupación el posible efecto disuasorio que estas prĆ”cticas puedan tener entre las personas migrantes en situación istrativa irregular. āDurante la investigación hemos recogido testimonios de muchas personas inmigrantes que aseguran que, ante la advertencia de que se emitirĆa un ācompromiso de pagoā en caso de recibir asistencia sanitaria, han optado por no ir a los centros mĆ©dicos o suspender sus tratamientos, incluso en caso de enfermedades gravesā. Este efecto disuasorio podrĆa estar afectando en mayor medida a las mujeres, por tener menor a la información.
El caso de Silvia VelĆ”zquez, es lamentablemente ilustrativo de las preocupaciones de la organización. Silvia, de nacionalidad uruguaya, padece un trastorno pulmonar grave, que le provoca una importante disminución de la capacidad respiratoria. āAntes del RDL me hacĆa controles cada 2, 3, 6 meses. Ahora nada. Los tratamientos son muy caros y sin tarjeta sanitaria no puedo hacerlos. No tengo forma de saber cómo avanza mi enfermedadā.
āAI considera de extrema urgencia que el gobierno balear, con independencia de cualquier investigación disciplinaria que pudiera dar lugar la identificación de irregularidades istrativas, adopte medidas de carĆ”cter general y estructural para garantizar el a asistencia sanitaria a todas las personas que se encuentren en la comunidad, con independencia de su situación istrativa. AdemĆ”s, debe poner fin a la confusión y la desinformación del personal istrativo y evitar asĆ casos de desatención en los centros sanitariosā, exigió Esteban BeltrĆ”n. AmnistĆa Internacional ha puesto en marcha una ciberacción con estas peticiones dirigida al Presidente balear, JosĆ© Ramón BauzĆ”.
De espaldas al derecho internacional
Diversos organismos de Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por el impacto que las medidas de austeridad que se estĆ”n aplicando en EspaƱa tienen en los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud. El Ćŗltimo en pronunciarse ha sido el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Discriminación que ha calificado la legislación que ha restringido el de los inmigrantes a la sanidad como una ānovedad lamentableā y ha recomendado a EspaƱa revisar la reforma sanitaria llevada a cabo en un contexto de crisis económica, con el fin de asegurar que la asistencia sanitaria es garantizada a todas las personas inmigrantes, con independencia de su situación istrativa.
AmnistĆa Internacional, al igual que diversos organismos internacionales, lamenta que en una Ć©poca de dificultades económicas el Gobierno haya optado por no garantizar los derechos humanos de uno de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y mĆ”s afectados por la crisis. El gobierno no ha publicado un informe de evaluación de impacto del RDL, ni siquiera ha garantizado el contenido mĆnimo esencial del derecho a la salud, la atención primaria y no ha demostrado que ha utilizado el mĆ”ximo de los recursos disponibles, tal y como le obligan los estĆ”ndares internacionales.
Es mĆ”s, diversos organismos contradicen la idea de que esta medida supondrĆ” un ahorro económico. La propia Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, rechazaba este argumento en 2011, seƱalando que āexcluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y tambiĆ©n puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidadā.
Por Ćŗltimo la organización quiere alertar sobre las declaraciones que han vertido desde la Ministra de Sanidad, Ana Mato, autoridades de comunidades autónomas, pasando por del Partido Popular para justificar la exclusión de la atención sanitaria a las personas migrantes en situación irregular. Muchas declaraciones retratan a las personas migrantes como colectivos que no contribuyen al desarrollo del paĆs, que abusan de un sistema sanitario, al que no tienen derecho.
La organización condena estos discursos que asocian inmigración y utilización indebida y abusiva de la sanidad, que ademÔs contradicen diversos informes técnicos que aseguran lo contrario, y que contribuyen a construir prejuicios sobre este colectivo y a estigmatizarlo. AI recuerda que las autoridades deben abstenerse de utilizar un lenguaje despectivo y no vulnerar su obligación de no discriminación.
Recomendaciones de AmnistĆa Internacional
Al Gobierno de Baleares y al resto de las comunidades autónomas.
Adoptar las medidas necesaria para garantizar el y disfrute del derecho a la salud, sin discriminación y con independencia de la situación istrativa.
Realizar evaluaciones de impacto de la reforma y adoptar medidas inmediatas para mitigar al mÔximo el posible efecto disuasorio del RDL en de las personas migrantes a la atención sanitaria.
Informar debidamente al personal sanitario y eliminar las irregularidades istrativas que podrĆan acarrear una mayor exclusión de la asistencia sanitaria.
Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Restablecer la universalidad del derecho a la salud para todas las personas que residen en España, con independencia de su situación istrativa, modificando el RDL, cumpliendo con las recomendaciones de diversos organismos de Naciones Unidas.
Elaborar y publicar una evaluación del impacto que el RDL tiene sobre el derecho al mÔs alto nivel de salud, y las consecuencias diferenciadas para las mujeres y niñas.
Abstenerse de realizar y rechazar discursos que estigmaticen a las personas migrantes.