El PP, contra la institución garante de la democracia en España
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El PP de Feijóo está decidido a volar la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho. Desde su llegada al liderazgo del partido, ha practicado la estrategia de la tierra quemada con cada institución de nuestra democracia que no atendía a su propósito de poder. Desde el Gobierno hasta el Congreso de los Diputados, pasando por la Fiscalía General, el Banco de España, el Consejo de Estado, el CIS, el CGPJ hasta hace pocos meses… y el Tribunal Constitucional.
La práctica de la voladura de las instituciones democráticas es la seña de identidad de la Internacional Ultra
La práctica de la voladura de las instituciones democráticas es la seña de identidad de la Internacional Ultra, y contrasta con el cordón sanitario que la derecha europea aplica a las formaciones ultraderechistas en Alemania, Francia y Reino Unido, por ejemplo. Ante sus colegas del Partido Popular europeo, Feijóo aparece más alineado con Trump que con Von der Layen, con Orban que con Macron.
El Tribunal Constitucional es el “intérprete supremo de la Constitución”, tal y como reza el artículo primero de la Ley Orgánica que regula esta institución. Por mandato expreso de la Constitución Española de 1978, los magistrados del Tribunal Constitucional son los máximos garantes de la constitucionalidad de las leyes y los tratados internacionales que firma España, de los derechos fundamentales de cada español y española, así como de la resolución inapelable de los conflictos de competencias entre instituciones del Estado. No hay órgano más relevante para la garantía de la vigencia de nuestra democracia.
Para asegurar el cumplimiento efectivo de sus fines, la Constitución mandata la independencia del TC y sus magistrados en el artículo primero de la mencionada ley orgánica y en el artículo 159 de la propia Carta Magna.
Elías Bendodo ha tachado al TC como “túnel de lavado de la corrupción”
En consecuencia, resulta de una gravedad extrema la proliferación creciente de descalificaciones e insultos que el PP y su presidente Feijóo vierten sobre el Tribunal y sus magistrados integrantes. Esteban González Pons ha calificado al TC como “cáncer del Estado de Derecho”. Elías Bendodo ha tachado al TC como “túnel de lavado de la corrupción”. Ambos cargos públicos son, además, vicesecretarios en la dirección del PP que preside Feijóo.
Pero es que ha sido precisamente Feijóo quien más lejos ha ido en las descalificaciones al TC: “el que más sospechas de parcialidad tiene”, “trufado de cargos del Gobierno”, “tribunal político al servicio del Gobierno”, “su independencia no está garantizada”. Junto a los insultos, el presidente del PP vierte amenazas directas a los magistrados del TC si no dictan sentencias conforme a sus intereses políticos, como cuando les advirtió de incurrir en “una arbitrariedad extraordinaria” si no declaraban inconstitucional la ley de Amnistía. Y, por si quedaba alguna duda de sus intenciones, remachó que los magistrados del TC “no están exentos de incurrir en delitos de prevaricación”.
Ninguno de los magistrados actuales del TC, incluidos aquellos a los que el PP insulta, ha sido elegido sin los votos del PP
Además de incurrir él mismo en un comportamiento abiertamente desafiante ante el orden constitucional, Feijóo recae en una contradicción tras otra. Porque todos y cada uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que descalifica han sido elegidos con los votos del propio PP. Dicho de otro modo: ninguno de los magistrados actuales del TC, incluidos aquellos a los que el PP insulta, ha sido elegido sin los votos del PP.
Y siendo que la Constitución exige la “reconocida competencia” y la “independencia” de los elegidos para la magistratura en el Tribunal Constitucional, solo caben dos interpretaciones de las palabras descalificadoras del líder del PP: o bien reconoce que actuó contra la Constitución en las votaciones del Congreso y del Senado, o bien miente.
En todo caso, en estos tiempos de peligrosa ofensiva ultra, los demócratas estamos llamados a defender de sus enemigos la integridad y la independencia de la principal institución garante de nuestra democracia, el Tribunal Constitucional.