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Cuando era niño, en octubre de 1957, un acontecimiento me dejó impresionado: el desbordamiento del río Turia y como consecuencia una tremenda inundación en la ciudad de Valencia. El resultado en torno a 300 muertos y numerosísimos daños materiales que tardaron años en superarse. Mi familia valenciana, especialmente mis tías Teresita y Remediets, estuvieron muy afectados por lo vivido.
Valencia periódicamente sufría inundaciones y ya desde el siglo XIV se hicieron obras reforzando el cauce del rio Turia, para intentar controlar su paso por las proximidades de la ciudad, pero no fueron suficientes. La solución llego con el llamado “Plan Sur”, creando un nuevo cauce a las afueras. Tardaron casi doce años, costó bastante dinero (una parte con aportaciones ciudadanas a través de un sello obligatorio de correos) pero desde entonces se acabaron las catastróficas inundaciones periódicas en la ciudad.
En nuestro país estamos ya acostumbrados a inundaciones terribles, especialmente en el otoño. En la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Vizcaya, en el cinturón urbano de Barcelona, en la cuenca del Ebro, en Málaga… Las imágenes de los destrozos y las informaciones de las víctimas, causan un gran impacto en la opinión pública, pero a las pocas semanas el debate se centra en las posibles indemnizaciones o ayudas o las declaraciones de zonas catastróficas y se obvia buscar causas y soluciones y así hasta la próxima.
No se proponen medidas estructurales de carácter urbanístico, de canalización, mantenimiento y limpieza de cauces, de construcción de embalses suficientes y adecuados, de limpieza y mantenimiento de alcantarillado urbano…etc.
Afortunadamente en octubre de 2005 se creó la UME (Unidad Militar de Emergencias) que ha venido desempeñando un gran trabajo con sus intervenciones en incendios forestales, inundaciones, nevadas o terremotos, a la que se recurre inmediatamente y que responde velozmente.
Es mucho más costoso económica y políticamente, adoptar medidas estructurales, que si bien no evitan las Danas si pueden paliar en buena medida sus efectos
Hay voces, seguramente que bien intencionadas, que achacan estas catástrofes a los efectos del cambio climático, del calentamiento global. Es cierto que el cambio climático tiene mucho que ver con las “Danas”, los huracanes, el avance del nivel del mar en las costas, o en sentido contrario con la desertificación o los incendios forestales. Pero afrontar esa realidad les parece algo lejano o poco efectivo a muchas autoridades locales, autonómicas o estatales, que pueden pensar, más o menos explícitamente, que es inevitable que con cierta frecuencia en los otoños se produzcan esas catástrofes y que ellos poco pueden hacer. Y ya está. En el mejor de los casos se mantiene el discurso ideológico “medio ambiental” y se olvidan las responsabilidades concretas de gobierno local, autonómico o estatal.
Sin duda es mucho más costoso económica y políticamente, adoptar medidas estructurales, que si bien no evitan las Danas si pueden paliar en buena medida sus efectos.
Hay que pensar en el futuro, gobernar con racionalidad, anticiparse a los riesgos catastróficos y aprender de las experiencias dramáticas
A estas alturas, las istraciones disponen de suficiente información en materia de riesgos catastróficos por inundaciones. Conocen suficientemente dónde y cómo se producen los desbordamientos, el estado de situación de los alcantarillados, de los cauces, cuáles son las viviendas y urbanizaciones, legales o ilegales, en lugares propicios para ser inundados, cuáles son los cauces, secos durante muchos meses del año, que cuando hay lluvias torrenciales se llenan, la construcción de almacenes, garajes, viviendas, tiendas o centros de trabajo que una y otra vez se inundan porque no mantienen un nivel de altura suficiente respecto a la calle….y así muchas más irregularidades.
Corregir esas situaciones exigen planes de ordenación urbana que tengan en cuenta las experiencias acumuladas de inundaciones, aunque a corto plazo pueden molestar o perjudicar a vecinos, realizar inversiones públicas, poner en marcha proyectos de colaboración entre municipios o entre istraciones públicas, tener plantillas suficientes y especializadas en tareas de conservación y también de inspección, elaborar y dar a conocer planes locales de emergencia y respuesta inmediata para el tráfico, para los peatones, para atender en especial a la población mayor e infantil.
No es fácil, no es barato, no es inmediato ni milagroso. Pero es pensar en el futuro, gobernar con racionalidad, anticiparse a los riesgos catastróficos y aprender de las experiencias dramáticas. Para eso están los alcaldes y concejales, los consejeros y presidentes autonómicos y desde luego el gobierno de la nación. No vale con las lamentaciones, las ruedas de prensa pidiendo ayudas o los minutos de silencio por las víctimas.
